El Tribunal Supremo de Elecciones como garante de procesos electorales transparentes y confiables

Caricatura de William Solano, 2002

Los procesos electorales de Costa Rica desde la convocatoria para elegir diputados a las Cortes de Cádiz (1808) han debido cumplir con ciertas regulaciones y formalidades legales. En un principio, siguiendo los cánones estipulados por España y luego de la independencia reformando y creando nuevas disposiciones electorales. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX se estableció un sistema electoral que permitía  vulnerar los más básicos principios democráticos. Debido a esto es que se resalta precisamente el 7 de noviembre, como fecha en que se defendió la victoria electoral de la oposición al gobierno.

En el siglo XX, aunque se reconocen varias importantes reformas electorales, se llegó hasta 1946 con un sistema de votaciones regulado verticalmente por el Poder Ejecutivo.  Tras la difícil aprobación del Código electoral de 1946 se establecieron regulaciones importantes sobre el registro electoral (padrón), la conformación de una cédula de identidad más detallada y la creación de un Tribunal Nacional Electoral, compuesto por tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La agitación política no se resolvió con estas medidas y la elección de 1948, cargada de denuncias por fraude electoral, llevó como corolario final a una guerra civil y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que incluyó en la nueva Constitución de 1949 la creación del Tribunal Supremo de Elecciones.

En la exhibición se muestran todas las papeletas desde la creación del TSETras  sesenta  y cuatro años de su creación, El TSE ostenta gran autonomía institucional y financiera, lo que le ha permitido garantizarle a los costarricenses  absoluta confianza en los procesos electorales, aun en reñidas elecciones como las de 1966, 2006 y en el Referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos del 2007. Sus magistrados son electos por la Corte Suprema de Justicia y no están vinculados a los partidos políticos.

Su gran compañero ha sido el Registro Civil desde 1949. El Registro Civil, pasó a ser, de acuerdo a la Constitución de 1949, una dependencia del recién creado Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí se señala, que el Estado de oficio debe inscribir a los ciudadanos en el Registro Civil y que tiene la obligación de proveerlos de una cédula de identidad para ejercer el sufragio. La confiabilidad que esto ha traído es enorme, porque el mismo órgano encargado de inscribir los nacimientos y otorgar las certificaciones de defunción, maneja el registro electoral, logrando con esto, la constante actualización y depuración del padrón electoral.

Por supuesto que elementos tan importantes como la fiscalización partidaria de las mesas de votación el día de las elecciones,  la presencia de auxiliares electorales, que asumen cuando hay menos de tres representantes de los partidos políticos y el control de la documentación emanada de la voluntad popular, custodiada no solo por personal civil sino también por lo último en tecnología, garantizan que todos y cada uno de los votos emitidos el día de las elecciones sean contabilizados.

El gran temor del fraude electoral, que en última instancia, llevó a una guerra civil en 1948, fue superado por la gran confianza que se le depositó a esta institución, emblemática a nivel nacional y admirada a nivel internacional por sus continuas innovaciones en pro de una “democracia moderna, madura y confiable” como dice su lema.