El 7 de noviembre de 1889, día que fundamenta la Democracia costarricense

Retrato de José Joaquín Rodriguez, presidente entre 1890-1894. Autor Emilio Span.Colección del Museo Nacional

De acuerdo a la Constitución Política de 1871 los costarricenses, "naturales de la República o naturalizados en ella", que tuviesen 21 años cumplidos o 18 si fuesen casados o profesores de alguna ciencia, siempre que tuvieren alguna propiedad u oficio honesto, tenían los derechos políticos; los derechos de participación electoral de los ciudadanos.

A su vez, esta Constitución establecía el sufragio de modo indirecto en dos grados. Por el primer grado los ciudadanos ejercían el derecho de elección de Electores, quienes actuaban en el segundo grado.

Pero, para ser Elector por ley se exigía, además de la ciudadanía, tener 21 años, saber leer y escribir, ser propietario de cantidad de tierra que no bajara de 500 pesos o tener una renta anual superior a 200 pesos (de 1871). Además ser de género masculino; las mujeres estaban excluidas del proceso electoral, no se les reconocía ciudadanía alguna.

De esta manera el derecho de sufragio en el primer grado era indirecto, censitario y calificado; en el segundo se limitaba a aspectos de fortuna, educación y sexo. Analfabetos y desposeídos; indios, negros y marginados; peones y trabajadores sin posibilidades educativas y de capital, así como las mujeres, estaban marginados y excluidos de la vida política.

En 1889 el analfabetismo era superior al 90% de la población. Apenas 35.000 personas  sabían leer y escribir que incluía a 8.000 extranjeros y los estudiantes de ambos sexos que iban ya a escuelas y colegios.

A estas condiciones se agrega que el voto era oral y público. Es decir, se conocía no solo como votaba un ciudadano sino que por el número de electores, por su simpatía política, se determinaba quien había ganado las elecciones. Esta situación predisponía a un fuerte control político por gamonales, hacendados, propietarios y patronos o rentistas, quienes por lo demás eran los que verdaderamente elegían y podían ser electos. El voto público amenazaba el empleo del votante si su decisión no era igual a la de su patrón o empleador.

Caricatura del presidente Rodríguez Zeledón. Autor Tomás Mur, periódico El Padre Español, 1892Así se reguló, en términos generales todos los procesos electorales durante el siglo XIX costarricense.

Junto a ello, en 1889, y luego en 1893, se establecieron normas electorales que dejaban prácticamente el proceso electoral en manos del Presidente de la República y de su
Secretario de Gobernación o Policía. Así, el Presidente nombraba las Juntas de Provincia, presididas por el Gobernador, también nombrado por el Presidente, que tenían a su cargo todo el desarrollo del proceso electoral, de su escrutinio. Las Juntas de Provincia nombraban las Cantonales, presididas por el Jefe Político y éstas nombraban las Juntas de Distrito, que tenía la función de formar las listas o padrones electorales de sufragantes, puesto que no existía el Registro Civil que instituido en 1888, apenas empezaba a organizar su sistema de registro poblacional.

El órgano electoral encargado de regular estos procesos electorales no era independiente ni competente. Circunscripciones electorales, censos de electores se hacían por las autoridades con criterios eminentemente políticos y no técnicos, lo cual hacía fácilmente manipulable las elecciones.
Las elecciones para escogencia de Presidente se realizaban simultáneamente durante tres días en toda la República, de 7 a 10 de la mañana y de 11 a 5 de la tarde. Fue hasta 1908 que se estableció el primer domingo y lunes de febrero que debían hacerse sin interrupción  desde las 7 a.m. a las 5 p.m.

Este sistema facilitó el manoseo de votos y que personas votasen en distintas circunscripciones. Del mismo modo, hasta 1948, que votasen los muertos de un lugar como personas vivas en otros.

Los cargos de Elector era gratuitos y obligatorios; duraban cuatro años y podían ser reelectos indefinidamente, ya que entre las elecciones de primer y segundo grado debía haber un lapso de seis meses, situación que se utilizaba para presionar a los electos por las autoridades o aspirantes a obtener sus apoyos, provocando verdaderas cacerías de votantes electores. Esta situación  obligó que en 1908 se diera inmunidad  a los electores de segundo grado.

De hecho, al no existir regulación de las campañas electorales se deban desde dos años antes de las elecciones. Fue a partir de 1908 que se reguló la propaganda a los cuatro meses anteriores de la elección de primer grado.

 

Fotografía: Caricatura del presidente Rodríguez Zeledón. Autor Tomás Mur, periódico El Padre Español, 1892